Aseguran que la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio está en riesgo de continuidad. Es que, de acuerdo a lo que informó su titular, Pamela Torres, no tienen dinero para seguir funcionando “ya que la Provincia no está mandando los fondos que nos corresponden por ley”.

Desde la entidad local informaron que en la actualidad, y desde dos años, se mantienen con el dinero que aporta la comuna.

“Atendemos un promedio de 200 personas al día, con unas 10 mil audiencias al año. Todo es gratuito y con una efectividad de 95 por ciento de resolución de conflictos”, indicó la funcionaria.

Torre dijo que el convenio de colaboración fue firmado en el 2016 pero los recursos comprometidos aún no han llegado a San Rafael, “por lo que se hace difícil continuar”.

“Esta situación se vive en San Rafael pero también en otros municipios de Mendoza. Se han presentado varias propuestas para solucionar el tema pero hasta el momento no ha habido respuestas de los organismos provinciales”, finalizó.