Mendoza participó en la rúbrica de la política minera nacional unificada luego de meses de trabajo entre Gobierno nacional y provincias. Con nuevos estándares ambientales, sociales y de transparencia, el pacto respeta la autonomía de las provincias sobre la minería que decidan desarrollar.

Con la firma del Presidente Mauricio Macri y de los 23 gobernadores, a partir de hoy Argentina tiene un nuevo Pacto Federal Minero, que remplazará el antiguo tratado, que data de los años 90, para el desarrollo de la minería.

A la rúbrica que realizó Macri a mediados de abril del acuerdo federal que garantiza el abastecimiento energético se incorpora el pacto minero que revisa el tratamiento que durante los últimos 20 años se le dio al desarrollo de la minería moderna en Argentina y propone los nuevos estándares ambientales, de transparencia y control en la utilización de los recursos provenientes de la minería para las provincias.

El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó: “El acuerdo busca mejorar y unificar estándares en el desarrollo de la actividad, siempre otorgando libertad de acción a cada una de las provincias que seguirán siendo las dueñas del recurso y decidiendo cómo y cuándo explotarlo”. De esta manera, queda asentado que el nuevo pacto no se interpondrá sobre las autonomías provinciales en lo que respecta al tipo de minería elijan realizar y, en el caso de Mendoza, no promueve que se modifique la Ley 7722, en consonancia con la propuesta de política minera provincial.

Por otro lado, el subsecretario destacó que el pacto nacional complementa la política minera de la provincia: “Lo importante del pacto es que las provincias se comprometen a explotar los recursos de manera sustentable y genera herramientas a nivel nacional para desarrollar los programas que estamos instalando en Mendoza. Sin lugar a dudas, este pacto significa una oportunidad para la provincia”.

Haciendo hincapié en la transparencia en el uso de los recursos fiscales provenientes de la minería, el nuevo pacto busca que los beneficios de la actividad minera permanezcan mayormente en las regiones que reciben el impacto y no vayan directamente a las arcas centralizadas del Gobierno, donde muchas veces son utilizados para gastos corrientes y no para inversiones que promuevan el desarrollo sustentable.

En lo que respecta a las regalías, el funcionario explicó que se modificará la base del cálculo que fue determinado en la década de los 90, y pasará del 3% del valor “boca mina” (el mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación), al 4,3% sobre el precio de venta, lo que se traduce en un incremento del 70% en el monto que reciben las provincias por explotación.

Asimismo, mediante la creación de un fideicomiso alimentado con el 1,5% de la facturación de las empresas, el pacto generará fondos de infraestructura para el progreso de las localidades que serán explotadas y promoverá la generación de programas previos y posteriores al desarrollo, tanto para reducir el impacto que tiene la llegada de la minería en las comunidades como para prevenir los problemas que se generan tras el cierre la actividad temporal.

“También contempla resolver el cierre de minas y trabajar en aspectos sociales y económicos de las comunidades una vez que haya finalizado la explotación, que fue un ítem que no estuvo adecuadamente regulada ni contemplada en el pacto anterior”, puntualizó Guiñazú.

www.ciudadanosur.com.ar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail