La justicia chilena comenzó a investigar una de las páginas más oscuras de la dictadura de Augusto Pinochet: la adopción irregular de miles de nenes que fueron enviados al extranjero. Hoy, sus madres los buscan a través de las redes sociales.

El 9 de julio de 1977, durante los años más oscuros de la dictadura (1973-1990), Margarita Escobar llegó a tener a su hija en el hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran.

Cuatro décadas después relató a la AFP que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida. “Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una mujer me dijo: tu guagua (bebé) nació muerta”, recordó. Después de eso nadie le dio ningún documento y la mandaron a su casa “totalmente dopada”.

En el mismo hospital, en febrero de 1985, María Orellana dio a luz a un niño que llamó Cristián. “Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, aseguró. Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le dijeron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, contó sobre las “explicaciones oficiales”.

Al igual que Margarita, a María tampoco le dieron ningún papel ni le entregaron el cuerpo. “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recordó hoy, que lucha como otras miles de madres por encontrar a su hijo.

El juez especial de causas de derechos humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre el secuestro de bebés centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, la amplió hasta 2000. Se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a “captar” nenes para enviarlos al extranjero con fines económicos.

La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

“No hemos establecido algún patrón que diga que hay relación con alguna política estatal de represión, pareciera ser más bien una especie de asociación ilícita, una organización lucrativa respecto de la adopción de personas de manera irregular”, explicó el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, que presentó varias denuncias a nombre de las madres.

La vigencia hasta 1988 de una ley que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas contribuyó a fomentar la práctica “en un país sumido en esos años en el silencio y el temor”, sostuvo la historiadora de la Universidad Austral de Chile Karen Alfaro.

Sin papeles que respalden su historia, muchas madres guardaron su dolor por años. Pero a medida que los primeros casos fueron haciéndose públicos y se formaron grupos de búsqueda en redes sociales muchas se dieron cuenta de que miles compartían su experiencia.

Uno de estos grupos es “Hijos y madres del silencio”, que reúne en Facebook a unas 3.000 personas: hijos que buscan su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos. “Lo que nosotros necesitamos es que se abran los archivos, las fichas de los hospitales, que se haga esto público para que la gente que está fuera de Chile se dé cuenta de que pudo ser una adopción ilegal”, reclamó Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación.

En tres años, el grupo ha logrado casi 90 reencuentros. Las pruebas de ADN son hoy su mayor ayuda. Con dificultad, por los costos, muchas madres se están realizando los test rápidos para poder ingresar a bancos genéticos internacionales.

 

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