La Legislatura provincial aprobó el 30 de agosto pasado el nuevo Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que tenía vigencia desde hacía 60 años. Comenzará a funcionar a pleno a partir del 1 de febrero de 2018 con los objetivos de dar agilidad y celeridad a los procesos y con la finalidad de acercar la Justicia al ciudadano.

El Gobernador Alfredo Cornejo presentó en la Casa de Gobierno algunos de los principales puntos a destacar de la nueva ley. El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay; el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, participaron en la presentación. Además, estuvieron presentes los miembros de la Comisión Redactora.

Nanclares calificó al nuevo código como una “política de Estado” que se logró gracias a la “colaboración de todos los que hicieron aportes” para redactarlo. Subrayó la celeridad en los procesos y el compromiso que deberán tener todos los actores involucrados en aplicarlo siguiendo “los lineamientos de la oralidad”.

Cornejo indicó que desde diciembre de 2015 se venía trabajando en concretarlo. Destacó los trabajos realizados por la Comisión Redactora y subrayó el hecho de que “trabajaron ad honorem para hacerlo”. Informó que “somos la primera provincia en lograr adecuar su Código de Procedimientos al nuevo Código Civil, sancionado en 2015.  Hubo, sin lugar a dudas, vocación política para llevarlo adelante”.

El Gobernador subrayó también “la capacidad técnica de los equipos” y el alto nivel de consenso en las diferentes instancias en las que el proyecto fue sometido a audiencia pública. Explicó que todas las mejoras realizadas apuntan a “optimizar la administración de justicia” y a resolver con agilidad y rapidez “los problemas de la ciudadanía”. En este sentido, expresó que el uso de la tecnología será la principal herramienta para conseguir los objetivos de “agilidad y rapidez”.

Agregó que son varios los cambios que se están realizando y mencionó que “las modificaciones legales que estamos haciendo tienen por objeto que los recursos que el Estado invierte en administración de justicia estén cada vez más cerca de los ciudadanos”. Además, señaló que “es necesario que la Justicia aplique las nuevas reglamentaciones con gestión y liderazgo. De nada sirve tener una buena ley si después no hay gestión y liderazgo para aplicarla día a día”.

Por su parte, Garay expresó: “No sólo estamos promulgando la ley del Código Procesal Civil, sino que también en días más estará lista la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, estamos modificando normas con más de 40 años de vigencia ininterrumpida que necesitaban ser corregidas. Si comenzamos modificando, estructuralmente, los procesos, podemos alcanzar la meta de hacer trascender la función pública a favor del ciudadano”. 

D’Agostino anunció que “seguiremos avanzando en otras reformas, teniendo en consideración los ejes trazados por este Gobierno: una Justicia cercana a la comunidad, que resuelva rápidamente los problemas, y aplicando la modernidad para facilitar los procesos”.

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