Alberto Fernández anunció esta semana el candidato para un organismo clave en el control de la ética y la transparencia del Gobierno y sus funcionarios, la Oficina Anticorrupción, y hoy sábado se publicó el decreto por el que se convirtió en un «organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación”, por lo que será un ente autárquico.

También se designó al fiscal Félix Crous, que hasta ahora se desempeñaba en la Fiscalía de Lesa Humanidad, tras haber sido desplazado de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) durante la gestión anterior. Con una larga carrera judicial, Crous nunca ocultó su afinidad ideológica con el kirchnerismo y el nuevo gobierno, ni su sintonía con la agrupación Justicia Legítima.

El decreto lleva la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. En el texto, se estableció que el titular de la OA “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional».

Además, la norma aclara que la persona que esté al frente de este organismo “tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia”, aunque no deberá cumplir sus órdenes. Asimismo, detalla que los funcionarios de la Oficina “tendrán relación jerárquica y dependencia funcional con dicho organismo desconcentrado e integrarán la dotación de personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

“Es positivo que le quieran dar autonomía y autarquía al organismo. Pero si al titular lo sigue designando el Presidente, y nombra a una persona que no da garantías de imparcialidad, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos con la anterior gestión. Hay que modificar el proceso de designación y remoción, con participación de la ciudadanía para evaluar sus antecedentes y poder impugnarlo, llegado el caso”, sostiene Natalia Volosín, doctora en Derecho y especialista en materia de lucha contra la corrupción.

Un funcionario que estuvo en la Oficina hasta el 10 de diciembre califica positivamente que «el organismo gane independencia respecto del Ejecutivo y promover su autarquía”. Y coincidió en que “se debe avanzar en una reforma que contemple un mecanismo nombrar a su titular, así como para su remoción, para darle estabilidad”.

Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, hay varios aspectos que definen el grado de independencia y efectividad de la OA. “Más allá de una estructura autárquica y autónoma, que le otorgue la mayor autonomía funcional posible, es importante el presupuesto que se le asigna para funcionar, y a quién se pone al frente”.

En ese sentido, este abogado es tajante: “El titular no tiene que tener afinidad ni ser identificado con el Gobierno. Tiene que ser alguien que, desde el arranque, no genere dudas y tenga un gran consenso sobre su ecuanimidad. Si criticamos a Laura Alonso por su identificación con el macrismo, no podemos tener doble vara. Crous tienen muy buenos antecedentes, pero también tiene una adhesión partidaria previa que implica una parcialidad de origen”.

Más allá de los cuestionamientos a Alonso por su militancia anterior en el PRO y haber admitido que no impulsaba denuncias contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri porque la “acusaban por falta de imparcialidad”, el ex funcionario de la OA defiende la actuación del organismo. “Es más fácil pegarle a Alonso que ponerse a leer los informes de gestión sobre todo lo que se hizo”. Y tras destacar que la ex titular “tenía un perfil interesante en materia de prevención de la corrupción”, por su experiencia previa en la organización Poder Ciudadano -capítulo argentino de Transparencia Internacional-, admitió que “su paso por el macrismo condicionó en apariencia la legitimidad de lo que hizo”.

El decreto dictado por el nuevo Gobierno vuelve a establecer como un requisito necesario para ser titular de la OA el “ser abogado o abogada”, condición que regía hasta la llegada de Laura Alonso, designada en este puesto en diciembre de 2015 por la entonces administración nacional de Mauricio Macri.

¿Funciones de investigación sí o no?

Si bien trascendió que Fernández evalúa quitarle a la OA el área de investigaciones y sólo mantener la de prevención en materia de transparencia y ética públicaen el nuevo esquema del Ejecutivo oficializado el viernes, el organismo conserva ambas esferas de actuación. Sin embargo, esto no implica que pueda haber una reforma posterior.

Otro funcionario de mucha confianza de Fernández, el hoy secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, es de los que piensan que “no tiene razón de ser que la OA tenga un área de investigaciones, siendo que es una competencia de la PIA, que está a cargo de un fiscal independiente designado por concurso”, según le escucharon decir quienes hablan con él. “El gobierno de Macri se dedicó a perseguir funcionarios a través de la OA”, suele quejarse Vitobello, quien sería más partidario de una Agencia de Ética Pública que asesore en materia de la aplicación de la ley de Ética Pública y prevención de la corrupción.

Vitobello fue titular de la Oficina Anticorrupción durante casi los dos mandatos de Cristina Kirchner, del 2009 al 2015, en una actuación de baja intensidad. Dirigente del peronismo porteño y amigo personal de Fernández, luego del triunfo del 27 de octubre, le adelantó que no quería volver a ocupar ese puesto. Desde el entorno del actual secretario general de la Presidencia defienden su actuación al frente de la OA durante la gestión de la ex mandataria, al recordar que una de las pruebas en el procesamiento de Amado Boudou en el caso Ciccone, en 2014, fue aportada cuando Vitobello estaba al frente de la OA.

La OA tiene dos áreas, que se conservaron en el nuevo organigrama del Poder Ejecutivo. Una es la subsecretaría de Integridad y Transparencia, encargada de recibir y controlar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para detectar un posible enriquecimiento ilícito. También tiene como misión elaborar políticas para garantizar la transparencia y la ética en la función pública; y prevenir y actuar frente a posibles conflictos de intereses. Sobre estas funciones, hay acuerdo en que se van a mantener.

Pero por ejemplo, ante la falta de un nuevo titular en el organismo, esta área no tiene aún en claro – por ejemplo- si los funcionarios del Gabinete nacional que pasaron del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo deben presentar o no una nueva declaración jurada de alta con el detalle de su patrimonio al 10 de diciembre, como sí deben hacerlo quienes vienen de la actividad privada. O, si por el contrario, se considerará válida la que presentaron en la Cámara de Diputados a mitad de año, correspondiente al 2018. El plazo para hacerlo es de 30 días hábiles.

La otra esfera de competencia de la OA es la subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción, que abre actuaciones administrativas preliminares contra funcionarios para luego, eventualmente, presentar una denuncia penal en la Justicia. También puede pedir a los jueces constituirse como querellante en las causas de corrupción, algo que la OA hizo durante el gobierno de Macri en media docena de expedientes contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Tanto la ex mandataria como el empresario patagónico actualmente enfrentan juicios orales en los que la OA es querellante, lo que le permite pedir y aportar pruebas, y alegar en la acusación.

De sacarle estas funciones a la OA, el Poder Ejecutivo perdería la injerencia que hoy tiene a través de la Oficina en los expedientes que se tramitan en los tribunales federales. El argumento es que esa competencia ya la tiene la PIA, una dependencia especializada que integra el Ministerio Público Fiscal y que está a cargo de un fiscal.

“Técnicamente, siempre sostuve que la OA no debía tener funciones de investigación porque son las mismas que ya tiene la PIA, que cumple esa función en la Justicia penal. La Oficina debe concentrarse en planificar e implementar políticas de transparencia. Pero es muy sugestivo que justo ahora se proponga esta reforma, ya que sería una manera de retirarse como querellante. No me parece un buen momento para hacer eso. En todo caso habría que establecer una cláusula de que la OA puede seguir en ese rol en las causas en las que ya está interviniendo, hasta que haya sentencia firme”, advierte Volosín.

Gil Domínguez también tiene “serias dudas” del rol de querellante de la OA en causas penales. “La función de representante de los intereses de la sociedad en un juicio es el Ministerio Público Fiscal. La OA debe dedicarse a la transparencia preventiva para controlar la ética de los funcionarios y evitar que se generen situaciones de conflictos de intereses, o revisar los mecanismos de contrataciones públicas”, sostiene este abogado.

El ex funcionario que estuvo en la OA hasta el 10 de diciembre no opina lo mismo: “El Ejecutivo necesita un organismo que haga política anticorrupción y de integridad. Si se decide sacarle el área de Investigaciones, se quedaría sin capacidad para investigar, querellar y defender los intereses del Estado en casos de corrupción”.

Y pone como ejemplo, el reclamo de Vialidad Nacional por las irregularidades e incumplimientos en la obra pública durante el kirchnerismo, o los contratos en los que se pagaron coimas y sobreprecios ventilados en la causa de los cuadernos. “En todo caso, habría que pensar una reforma, más allá de los alegatos en el juicio de (Lázaro) Báez en febrero”. En ese expediente, el empresario está acusado de lavado de dinero y la OA es querellante. Tanto en esa causa como en la de la obra pública en la que esta siendo enjuiciada también Cristina Kirchner, Alonso tuvo un alto perfil público que excedió el de un organismo técnico.

¿Qué puede pasar en un futuro con ese rol de la OA?, preguntó Infobae. “La OA puede desistir o seguir en esas causas”, responde un funcionario del círculo más cercano al Presidente.

Críticas a la gestión anterior

Más allá de la discusión sobre las funciones de la OA en materia penal, Volosín es crítica del desempeño de la OA en los últimos cuatro años. “El organismo tuvo una conducta más que nada reactiva, como cuando se pusieron en cuestión conflictos de interés como fue el caso (del ex ministro de Energía Juan José) Aranguren; de nepotismo con (Jorge) Triaca (por la designación de varios familiares siendo ministro de Trabajo); o de contrataciones públicas con el caso del Correo y Avianca” (ambas del Grupo Macri en el pasado).

“Lo único que se hizo que no fue en respuesta a un escándalo, es la norma que regula la política de regalos, y el proyecto de una nueva ley Ética Pública, que mandaron al Congreso seis meses antes de dejar el gobierno”, agrega esta abogada.

En diálogo off the record con Infobae, también destaca lo realizado por la anterior OA en materia de “reforma institucional”. “No vende tanto en los medios, pero va mucho más allá que haber sido querellantes de varios juicios por corrupción”. Y enumera la ley del Arrepentido, la ley de Responsabilidad Empresaria, la obligación de las Sociedades Anónimas de presentar sus informes contables y de informar sus beneficiarios finales.

El debate sobre la futura OA sigue abierto, al menos hasta que se conozca el proyecto de reforma del organismo que están elaborando en la Casa Rosada.

Fuente: www.infobae.com