No se puede saber. No existe una estadística oficial de víctimas ni una definición conjunta para el femicidio ni una legislación homogénea en torno a la violencia de género. El caos que rige en Europa sobre las víctimas mortales de esta epidemia, como la define la Organización Mundial de la Salud, no permite conocer el número exacto de mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas en la Unión Europea.

La disparidad en la recogida de datos, cuando los hay, y las distintas leyes bajo las que se enmarca esta violencia hacen imposible una panorámica conjunta para luchar contra un drama que en España está ya en las 1.001 asesinadas desde que arrancó el recuento oficial en 2003. Solo España y Suecia tienen una ley específica contra la violencia de género; y es el primero, además, uno de los países que más y mejores datos recopila. Algo menos de la mitad de la Unión Europea —10 países frente a 18— no contabiliza a las asesinadas o tienen estadísticas que no permiten compararlos con los de otros países. Y todo pese a que existe una hoja de ruta desde hace casi una década.

En 2011, el Consejo de Europa aprobó el Convenio de Estambul, un marco para luchar contra la violencia machista y la doméstica. Los distintos países lo ratificaron en los años posteriores. España, por ejemplo, lo firmó en 2014.

A pesar de que ese gran acuerdo recoge la necesidad de recopilar información para poder establecer políticas de prevención, la realidad ocho años después es que «los datos son limitados e incompletos», según denuncia el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE en sus siglas en inglés) en su último informe, que se hizo público recientemente.

El trabajo, con datos de los sectores policial y judicial sobre la violencia dentro de la pareja en la Unión Europea, alerta de que «la falta de una recolección y un registro minucioso de los datos sobre violencia entre parejas hace difícil poder comparar datos claros y útiles entre Estados miembros».

Desde que se aprobó el Convenio de Estambul, este instituto desarrolló 13 indicadores para conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres, desde abusos y agresiones sexuales o psicológicas a los asesinatos. Respecto a las víctimas mortales, hay 18 países que recopilan datos policiales comparables sobre el número anual de mujeres mayores de edad asesinadas por su pareja o expareja. Además de España, están Portugal, Reino Unido, Italia, Francia, Rumanía, Suecia o Finlandia, entre otros.

Un grupo más reducido —que incluye a Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria— recopilan datos parciales, y otros seis no ofrecen información. En este grupo está por ejemplo Bélgica, que no registra esa información, Bulgaria, que solo la recopila a nivel judicial, o países que no establecen la relación entre víctima y agresor, como Dinamarca, Irlanda, Chipre y Polonia.

No disponer de datos fiables «es un problema muy grave», considera Encarna Bodelón, profesora de Derecho, responsable del grupo de investigación Antígona y responsable de la recopilación de datos de España en el informe de EIGE. «Conseguir indicadores europeos es complejísimo porque las bases de datos son caóticas, sin datos comparables y que además parten de códigos penales muy distintos», añade esta experta.

«Otra limitación es la falta de legislación homogénea», añade Cristina Fabré, experta en violencia de género que trabaja en el EIGE. Recuerda que solo España y Suecia contemplan un delito específico en el ámbito de la pareja o expareja, frente al resto de países que legislan la violencia doméstica (dentro de la familia) y contemplan, en algunas ocasiones, los casos entre parejas como un agravante.

Datos obligatorios

¿Por qué no se cumple el convenio de Estambul? «Se hacen recomendaciones, pero no hay sanciones. Si no se cumple el artículo que pide la recopilación de datos no pasa nada», añade Fabré. «Disponer de datos comparables y confiables mostrará la escala del problema y será una llamada de atención para adoptar políticas basadas en información a nivel nacional y de la UE», señala Ana Sofía Fernandes, presidenta de la Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres y vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres.

Para Fernandes, el convenio del Consejo de Europa brinda una oportunidad clave, tanto para avanzar hacia el desarrollo de sistemas homogéneos de recopilación de datos, como para implementar definiciones homogéneas de los delitos que además se ajusten a las disposiciones del Convenio de Estambul.

Las tres expertas coinciden en que la única forma de saber si las políticas de prevención funcionan es ver cómo evoluciona la estadística. El relato de estas tres mujeres es también el del Grevio, el órgano de personas expertas independientes que se encarga de vigilar la aplicación del Convenio de Estambul. Desde el comienzo, siempre pidieron lo mismo: datos fiables. Esos datos comparables de los que Europa está aún tan lejos «son la clave para asegurar una comprensión adecuada de la extensión y la evolución del problema y para revelar la magnitud del abuso que sufren las mujeres en el hogar, el trabajo, en público y en línea en cualquier lugar de Europa», concluye Fernandes.

 

Fuente: www.tnmundo.com