La acusó de “diagramar” junto a Timerman un plan para que los sospechosos quedaran impunes; el caso será elevado a juicio oral a fin de mes; la expresidenta ya había sido procesada por Bonadio.

La fiscalía acusó a Cristina Kirchner de encubrir a los iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, al pedir que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El fiscal federal Eduardo Taiano entendió que la expresidenta diagramó y puso en marcha un plan criminal para alcanzar la impunidad de los exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional por el ataque, que preveía hacer caer esas órdenes de detención y manipular las conclusiones de la Justicia argentina sobre su responsabilidad en el atentado terrorista.

El juez Claudio Bonadio, que procesó a Cristina Kirchner en un fallo que se encuentra firme, recibió el dictamen de Taiano y ahora consultará a los acusados para ver si presentan objeciones o están de acuerdo con ir a juicio. Los abogados de Cristina Kirchner y los del resto de los acusados tienen seis días hábiles prorrogables por otros seis para responder. Al cabo de ese plazo el juez Bonadio dispondrá la elevación de la causa a juicio oral y público, lo que podría ocurrir a fin de mes. En ese momento se sorteará el tribunal oral que juzgará a la expresidenta por esta causa, originada en la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

El resto de los acusados que deben responder en el juicio, según el fiscal Eduardo Taiano, son el excanciller Héctor Timerman (en libertad); el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini (preso); los dirigentes políticos Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el referente de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil (presos). También serán parte de este juicio el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el supuesto espía Allan Bogado. Los delitos por los que el fiscal pidió que sean juzgados son encubrimiento agravado y abuso de autoridad. El fiscal Taiano siguió los lineamientos de la acusación que había diagramado el fiscal Gerardo Pollicita, que completó la tarea que había realizado Alberto Nisman cuando presentó su denuncia, en 2015.

Para la fiscalía, los acusados pusieron en marcha un “sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad” a los iraníes acusados como responsables del atentado terrorista con el objetivo de que evitaran a la Justicia argentina. Dijo el fiscal que la maniobra fue “diagramada e implementada” por Cristina Kirchner y Timerman, además del resto de los acusados.

Por el atentado a la AMIA tienen pedido de captura internacional de Interpol los iraníes Ali Fallahijian (exministro del Interior y Seguridad e Inteligencia), Mohsen Rezai (exjefe de la Guardia Revolucionaria), Ahmad Vahidi (exjefe de la fuerza Al Quds y exministro de Defensa), Mohsen Rabbani (exagregado cultural de la embajada iraní en la Argentina) y Admad Reza Asghari (ex tercer secretario de la embajada de Irán en la Argentina).

Para la acusación, el medio por el cual se iba a asegurar la impunidad de estos acusados era la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en 2013. El fiscal Taiano entendió que Argentina e Irán previeron allí diversas alternativas para que los acusados escaparan del castigo: por un lado, se estableció un mecanismo para hacer caer los pedidos de captura y por otro se contempló la formación de una comisión de la verdad que iba a desacreditar las evidencias reunidas en su contra por la Justicia argentina.

Taiano dijo que, debido el artículo 7 del pacto con Irán, Timerman y su entonces par iraní Akbar Salehi mandaron una nota conjunta a Interpol para informar que los países habían acordado que las cuestiones entre ellos sobre el caso AMIA se resolverían a través de la cooperación bilateral. “Esa nota, que los imputados mantuvieron oculta”, permitió que Interpol morigerara los efectos de las órdenes de captura, dijo Taiano.

De hecho, en los pedidos de captura se anotó una advertencia donde se señalaba que la Argentina e Irán resolverían de manera bilateral y por vías diplomáticas las cuestiones relativas al caso.

La segunda vía de impunidad estaba dada porque el memorándum preveía la formación de una comisión de la verdad. “Este mecanismo legal se diseñó para ayudar a los acusados iraníes a eludir la investigación del atentado y desvincularlos definitivamente de la causa AMIA”, dijo el fiscal, al entender que estos supuestos expertos -también iba a haber iraníes- no solo iban a interferir en la decisión de la Justicia argentina, sino que además iban a delinear “una nueva hipótesis falsa”.

Mientras se desarrollaban las negociaciones diplomáticas públicas, el plan delictivo dio sus pasos a escondidas con diálogos en paralelo que mantenían D’Elía, Esteche, Khalil y Bogado. Sobre la base de las escuchas telefónicas que realizó Nisman, el fiscal concluyó que ellos, al cumplir directivas de la Casa Rosada (especialmente de Parrilli y Larroque), contribuyeron al éxito del plan criminal. Dijo el fiscal que estas conversaciones no se pueden confundir con un acuerdo diplomático. “Fueron dos socios buscando la manera más discreta y viable para borrar una imputación penal” por un delito de lesa humanidad”, sostuvo Taiano.

Indicó el fiscal que “desde que la Justicia argentina emitió las órdenes de captura, el gobierno iraní buscó incansablemente” obtener una ayuda” y , finalmente, “Cristina Kirchner y el resto de los imputados se la proporcionaron”.

 

Fuente: www.lanacion.com.ar

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