Con un fuerte operativo para intervenir ante eventuales hechos de violencia aunque resignado a un corte de tránsito total en la zona, el Gobierno porteño afronta la primera marcha masiva del año de organizaciones sociales en la avenida 9 de Julio. En la previa, mientras la ministra Carolina Stanley cuestionó el “método extorsivo” de la protesta, funcionarios de Seguridad se reunieron con los impulsores para intentar acordar pautas de la movilización.

“Viene fuerte pero en principio no esperamos desbordes. Si es masiva se hace difícil el acordonamiento y que dejen carriles para circular, pero vamos a estar preparados y, si hay violencia, vamos a actuar”, dijo a Clarín un funcionario involucrado en el operativo, a cargo del vicejefe porteño y titular del área, Diego Santilli. Referentes de los movimientos sociales mantuvieron una reunión con el secretario Marcelo D’Alessandro.

La intención inicial del gobierno –estimó unas 15 mil personas- era acotar la marcha a Lima y que quedaran libres 9 de Julio y el Metrobús, pero anoche descontaba que estará todo cortado por la masividad de la convocatoria y acordaron concentrar la protesta desde Avenida de Mayo hacia el sur. La CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL, con apoyo de algunos sectores sindicales como la Corriente Federal y una porción de la CTA –estatales, de Hugo Cachorro Godoy, y docentes, de Roberto Baradel- se mostraron confiados en movilizar 100.000 manifestantes.

La concentración, desde la mañana en la zona de Constitución, tendrá su epicentro al mediodía sobre 9 de Julio, con discursos de Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC), Esteban Castro (CTEP) y otros dirigentes.

En principio efectivos de seguridad se abocarán a la inspección de los micros y a eventuales situaciones de violencia. No a evitar los cortes de calles. Desde el Ministerio de Seguridad porteño aseguraron que no permitirán manifestantes encapuchados y con palos.

En la previa no advirtieron indicios de desbordes –la diferenciaron del alerta mayor por otra marcha del Partido Obrero y grupos más combativos, prevista para la semana próxima-, aunque seguirán los movimientos de una jornada cargada de tensión. En las últimas horas Santilli mantuvo contactos con las ministras Patricia Bullrich –aun cuando a priori Nación no interviene salvo en el Puente Pueyrredón- y Stanley.

La titular de Desarrollo Social cuestionó ayer el “método extorsivo”, pidió que los cortes de calle “no se usen con algo que tenga que ver con la política partidaria” y aseguró que si las organizaciones pedían una reunión se hubiera contemplado, aunque marcó que el Gobierno mantendrá el objetivo de asistir a los sectores “de manera directa”, es decir sin la intermediación de los movimientos.

Habla de extorsión cuando antes hablaba de diálogo. Nosotros no cambiamos, la falta de respuestas nos lleva a buscar una canalización del reclamo”, respondió Menéndez.

La jornada “contra el hambre y los tarifazos” se replicará en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Chaco y Tucumán, entre otros puntos del país, por aumento de los planes –actualmente en $6.000 al valor del salario mínimo, $11.300- y las leyes de Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura social, Adicciones y presupuesto para la urbanización de barrios populares.

“No mandaron ninguna nota para reunirse, no hay una solicitud formal. Venimos hablando con ellos en forma cotidiana, nunca paramos, ni con el triunvirato y otras organizaciones”, señalaban anoche en Desarrollo Social una convocatoria para acercar posiciones.

“Tiran las grandes consignas de siempre pero es una posición política para hacer la marcha”, insistieron al vincularla con el año electoral.

 

Fuente: www.clarín.com