Por tercera vez, Cristina Kirchner deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa de los Cuadernos de las coimas. El juez Claudio Bonadio dispuso un nuevo llamado a indagatoria para la ex Presidenta y también para un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Además, deberán declarar nuevamente por este tramo de la causa los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros.

Según entiende el juez, la ex presidenta lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal” y en la que los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero“. Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Para determinar cómo estaba armada esa organización, Bonadio tomó indagatorias a ex funcionarios y empresarios que participaron o conocían el área de las concesiones y subsidios al transporte y los corredores viales. 

Con la información recabada, el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas. 

Varios empresarios también deberán comparecer ante la Justicia otra vez. El listado está conformado por Carlos WagnerJuan Chediack (ambos ex titulares de la Cámara Argentina de la Construcción), Ángelo Calcaterra, entre otros. Las indagatorias comenzarán el 20 y De Vido será el último en declarar.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

Cuando firmó el procesamiento de la ex presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que comenzó con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. 

Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.

Por tal motivo, el juez de la causa volvió a citarla a indagatoria para que responda “por nuevos hechos corroborados en su contra”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Fuente: www.clarín.com