En la Cámara de Diputados de nuestra provincia se analizan las modificaciones a la Ley de Seguridad Vial de Mendoza, luego de que la misma tuviera aprobación en Senadores.

La mayoría de los cambios a la normativa no ofrecen discusión, todo lo contrario, dado que varios de los puntos incluidos o cambiados se venían peticionando desde hace rato. No obstante, hay un artículo que se ha trasformado en polémica y es el que está referido al papel de control, sanción y recaudación por parte de los municipios.

Ocurre que, con la nueva ley, las comunas deberán hacerse cargo de la seguridad vial, con todo lo que eso significa. Esto quiere decir que deberán armar toda una estructura que contenga inspectores viales, juzgados en la materia y toda una disposición administrativa relacionada con la recaudación.

Traducido: la Policía Vial ya no hará el control callejero, sino que serán las municipalidades quienes absorberán esa responsabilidad.

El problema se presenta en que, según algunos intendentes, no tienen la plata para armar esa organización. Vale destacar que, en relación a eso, la Provincia aseguró que el dinero lo sacarán del mismo cobro de las multas viales, y que por lo tanto no había motivos para que los jefes comunales se pusieran nerviosos.

En el caso particular de San Rafael, el municipio ya anticipó su postura al indicar que por las dimensiones del territorio no sería menor el número de recurso humano a designar como agentes viales, por lo tanto, hay un “no” rotundo en torno a esa modificación.

Pero no sería una simple negativa mediática, dado que Emir, en el caso de que la ley tenga sanción definitiva, tendría pensado ir a golpear la puerta de algún despacho judicial.

En simples palabras, si no le dan plata por anticipado o arman una estructura compartida, donde el municipio se haga cargo de las calles de la ciudad y la Policía de los distritos, el intendente iría a la Justicia a poner un freno.

Silvio Barroso