Busca aprobar el miércoles la ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

No tendrá la adrenalina del cierre de listas, pero la vida continúa, los legisladores se eligen para estas cosas y así, este miércoles el oficialismo impulsará una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de darle media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Empresaria, que busca sancionar los delitos de corrupción y el soborno trasnacional por parte de las empresas.

Si bien esta legislación es reclamada por organismos internacionales y tiene fuerte impulso del Gobierno en el interés de sumar al país a la OCDE, el telón de fondo es el caso Odebrecht y el sonado pago de 35 millones de dólares en coimas, que reconoció haber pagado en la Justicia de Brasil.

La ley, que incorpora la figura del “colaborador eficaz” para atenuar las sanciones a las empresas a cambio de información sobre los hechos de corrupción, tiene un aspecto que genera polémica: el último artículo, el 37, contempla la posibilidad de un “acuerdo administrativo” por “hechos anteriores a la sanción de la ley”.

Una retroactividad vía administrativa, que genera dudas aún en el oficialismo.

El proyecto instaura una novedad en la legislación penal, ya que hoy están solamente alcanzadas las personas físicas, con nombre y apellido. Con esta ley, serán pasibles de fuertes sanciones económicas, que van del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales de su último ejercicio, las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, sean nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal. Y hasta se podría decidir la liquidación de la firma.

El proyecto original, de la Oficina Anticorrupción, cuyo tratamiento fue pedido por Mauricio Macri el 1° de marzo en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, fue debatido en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que presiden la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky respectivamente.

Hubo cambios respecto del texto inicial, al que se criticaba que con haber adoptado un “programa de integridad” las empresas quedaban a salvo de las sanciones.

Burgos también abogó por la responsabilidad sucesoria, es decir que en caso de fusión, absorción o modificación societaria -lo que es muy frecuente justamente para evadir responsabilidades, y sencillo de hacer- la responsabilidad por los delitos cometidos e investigados es transmitida a la nueva empresa resultante o absorbente.

“El texto del proyecto se endureció. No se podrá aplicar esta norma a delitos anteriores a su sanción, es a futuro, pero se podrán hacer acuerdos administrativos, respecto de continuidad de licitaciones a cambio de información”, ejemplificó el diputado Lipovetzky ante la consulta de Clarín sobre la aplicación en el caso Odebrecht.

En esos acuerdos, según el dictamen, intervendrá la Procuración del Tesoro (el organismo de los abogados del Estado), con conformidad de la SIGEN.

En Cambiemos confían en tener los votos para darle media sanción, según fuentes del interbloque encargadas de los “poroteos” previos, con apoyo del massismo, el bloque Justicialista y fuerzas provinciales. Aceptarían para eso negociar cambios en el recinto. El massismo y la izquierda tuvieron dictámenes en minoría, mientras que el kirchnerismo no participó siquiera de la discusión.

También se habla de la reticencia empresaria al proyecto. “Grandes hechos de corrupción que se cometieron en nuestro país fueron por la falta de esta legislación”, afirma la diputada Burgos.

Según explican en la OA, la Argentina es el único de los 41 países firmantes de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que no cuenta con una norma que penalice a las personas jurídicas por delitos de corrupción.

 

Fuente: www.clarin.com

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