Referentes de los organismos de derechos humanos coincidieron en rechazar en duros términos las afirmaciones que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló en un reportaje a Clarín. “Los organismos de derechos humanos nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima”, afirmó Bullrich.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le dijo a este diario que no le extraña que la funcionaria “opine de esa manera totalmente errónea, si (el presidente Mauricio) Macri dijo que éramos ‘un curro’. Se ve que ella es una buena alumna”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyo titular es el periodista Horacio Verbitsky, plantearon que el Gobierno es el que pone en riesgo a los policías, al obligarlos a actuar cuando están fuera de servicio. Y mostraron sus estadísticas, que indican que en 2018 hubo 28 policías muertos en hechos de inseguridad, de los cuales 20 fueron asesinados cuando estaban fuera de servicio.

“Es un error que el Gobierno obligue a los policías a actuar, sin la debida protección, porque ponen en riesgo su vida y la de toda la sociedad”, dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. “Una buena política de seguridad empieza por el respeto de los derechos humanos de los policías”, agregó aClarín el director del CELS. 

La ministra Bullrich defendió la compra de 300 pistolas eléctricas Taser, frente a las críticas de opositores y dirigentes de derechos humanos.

La funcionaria ya se había cruzado previamente con los dirigentes de los organismos, cuando reglamentó el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad sin necesidad de dar la voz de alto. En esa ocasión, Estela de Carlotto,  titular de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó de “nefasta” la nueva disposición y acusó a la ministra de haberse transformado en una “gendarme” que quiere “legalizar la muerte”.

También los organismos de derechos humanos criticaron el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores, así como para expulsar a los inmigrantes que delinquen o que entraron de manera ilegal. Pero los puntos de mayor conflicto con el Gobierno fueron por los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. De hecho, el Gobierno planea llevar a juicio a dos abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), por “entorpecer el trabajo de la justicia” en el caso Maldonado.

“Si llega a haber un cambio de Gobierno, Patricia Bullrich va a estar en el banquillo de los acusados” por su rol en la desaparición y muerte de Maldonado, planteó Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).

Además, Pisoni señaló a Clarín que en el año 1982, Patricia Bullrich fue ayudada por los organismos de derechos humanos, en plena dictadura militar, cuando volvió al país luego de seis años de exilio en Brasil y fue detenida por orden del Ejército argentino. En esa ocasión, estuvo 36 horas detenida, “el CELS se hizo cargo de su defensa y su abogada Alicia Olivera la alojó en su propia casa, hasta que pudo salir del país”, recordó el integrantes de H.I.J.O.S.

 

Fuente: www.clarín.com