Camboya recuerda este lunes el 40° aniversario del fin del régimen del Jemer Rojo y la nación aún no hizo las paces consigo misma, pese al progreso económico y las condenas por genocidio a los últimos dirigentes comunistas.

La entrada del ejército vietnamita en Phnom Penh el 7 de enero de 1979 supuso el fin de la utopía agraria liderada por Pol Pot, que durante 3 años, 8 meses y 20 días transformó el país en un gigantesco campo de trabajos forzados en el que murieron casi 2 millones de personas.

Con un multitudinario festival en el estadio Olímpico de la capital se celebró lo que el gobierno camboyano, heredero del régimen socialista instalado hace 4 décadas por Hanoi, declara como «Día de la Victoria». Para el primer ministro Hun Sen, en el poder desde 1985, se trata del «segundo nacimiento» del país.

«Sin la victoria del 7 de enero hoy no tendríamos nada. Esta es la verdad histórica que ningún humano o fuerza puede distorsionar o destruir», dijo el funcionario en su discurso, según el portal progubernamental Freshnews.

Las 70.000 personas que llenaron las gradas levantaron carteles para formar la bandera nacional o dibujar la paloma de la paz, mientras centenares desfilaron con vestidos tradicionales y carruajes mostrando los progresos del país.

Miles más ondearon banderas del gubernamental Partido del Pueblo de Camboya, liderado por exmiembros del Jemer Rojo que desertaron y participaron en la ofensiva vietnamita que derrocó al régimen, entre ellos el propio Hun Sen.

El mandatario dijo que la jornada debía ser un tributo a los héroes camboyanos caídos y a los voluntarios vietnamitas que ayudaron a tumbar a Pol Pot para evitar su vuelta durante la guerra civil que la guerrilla comunista mantuvo más de una década desde sus bastiones en la frontera con Tailandia.

El festival culminó 10 días de celebraciones que comenzaron con la inauguración de un monolito de 54 metros dirigido a ensalzar la política «ganadora» de Hun Sen, coincidiendo con el 20° aniversario de la disolución definitiva del Jemer Rojo.

Esa desmovilización tuvo lugar en diciembre de 1998, 8 meses después de la muerte de Pol Pot, tras un acuerdo que permitía integrar a los guerrilleros al ejército nacional y se les reconocía la ciudadanía.

La paz más el crecimiento económico de un 7% durante la última década son logros que Hun Sen atribuye a su largo mandato, marcado también por la corrupción, el uso partidista de las instituciones y la represión contra los adversarios.

Su oposición nunca compartió el significado del «Día de la Victoria», fecha que consideran como el inicio de la ocupación del país por parte de Vietnam, el adversario ancestral, y de la que consideran cómplice a Hun Sen y su gobierno.

«Hun Sen sabe que no les gusta a los camboyanos porque fue un personaje inmoral e ignorante del Jemer Rojo que sirvió bajo el régimen de Pol Pot entre 1975 y 1977″, dijo el líder opositor Sam Rainsy, exiliado en París. En su cuenta de Facebook calificó al mandatario como «usurpador» y «traidor».

La oposición aboga por celebrar el 23 de octubre de 1991, fecha cuando las diversas facciones camboyanas firmaron los acuerdos de paz en la capital francesa. 2 años más tarde esos pactos permitieron la celebración de elecciones democráticas organizadas por las Naciones Unidas.

«El pasado aún asoma en Camboya y bajo los relucientes rascacielos hay mucha injusticia que tiene el origen en un pasado sin reconciliación», dijo el analista político Sophal Ear.

La disolución de la guerrilla coincidió con las negociaciones entre el gobierno camboyano y la ONU para establecer el tribunal que juzga a los últimos dirigentes vivos del Jemer Rojo.

El pasado noviembre, la Corte condenó a cadena perpetua al antiguo N° 2 Nuon Chea y al ex jefe de Estado Khieu Samphan, 2 nonagenarios que fueron declarados culpables de genocidio y crímenes contra la Humanidad.

La primera sentencia se emitió en julio de 2010 contra Kaing Guek Eav, alias «Duch», a quien se impuso una condena de 35 años, en apelación elevada a cadena perpetua por su responsabilidad en la tortura y muerte de más de 12.000 personas en la prisión S-21.

El tribunal, en marcha desde 2006, recibió críticas por la duración del proceso, su elevado costo (unos 300 millones de dólares) y las interferencias políticas del gobierno camboyano, que se niega a la apertura de nuevos casos.

«Hay muchos altos cargos implicados en las decisiones que llevaron a 1.700.000 muertos. Hay que llevarlos ante la justicia. El tribunal debe poder seguir su trabajo por muchos defectos que este haya tenido», añadió Ear.

 

Fuente: www.clarín.com