Uno de los puntos sobresalientes en el nuevo Código de Faltas de la provincia es la sanción para aquellas personas que agredan a un trabajador de la educación.

La normativa, que ya tiene media sanción en Senadores, prevé que quien ofenda a un docente tendrá la misma pena que quien ofenda al Gobernador. El objetivo de la medida es reconocer la autoridad que tienen los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones, como también de preservar el ámbito donde se lleva adelante el hecho educativo.

El artículo 46 del Código dice: “El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en razón de su cargo, incluidas las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Provincial o Nacional o representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa”.

En este sentido, se agregó en el mismo artículo que “misma sanción corresponderá si el ofendido fuere personal directivo o docente de establecimientos educativos de gestión pública o privada, con motivo de la relación educativa”.

Vale recordar que en octubre de 2014, el ex gobernador Francisco Pérez había promulgado una ley que modificaba el antiguo Código de Faltas y que incluía a los docentes dentro de las protecciones especiales que tienen algunos funcionarios políticos. Establecía sanciones, en su artículo 43 bis, para “aquellos padres, tutores, curadores de una persona que agrediere de manera reiterada, en forma personal y directa, con insultos o señas, que implique un agravio a personal docente y no docente”. Sin embargo, no hay registros de sanciones aplicadas, ya que la modificación realizada por aquel entonces estipulaba que sólo se sancionará a quien los agrediera de manera reiterada.

El nuevo Código entiende que no debe ser necesario que la agresión se realice en varias oportunidades para que se aplique una sanción. Bastará con sólo una vez para que cualquier integrante del cuerpo docente pueda realizar la denuncia correspondiente.

Luego de ser sometido a proceso, con audiencia de mediación incluida, la persona que cometió deberá resarcir el daño con una multa o bien realizar trabajo comunitario.