La oposición criticó el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri para avanzar con el proyecto de extinción de dominio, destinado a recuperar bienes sustraídos en casos de corrupción y del narcotráfico.

“Atento a la importancia de la ley, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley”, afirmó Miguel Ángel Pichetto. 

Por su parte, el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo remarcó que “el Poder Ejecutivo no puede legislar” y que “puede convocar a sesiones extraordinarias en menos de diez días” para tratar el proyecto sobre extinción de dominio.

Le pedimos al Gobierno nacional que convoque al Congreso para acordar un proyecto con la oposición. Todos, tanto oposición como oficialismo, queremos dotar a la Justicia con esta herramienta pero asegurando que contemple su congruencia con nuestro ordenamiento jurídico”, señaló el legislador de Argentina Federal.

Felipe Solá acusó al Presidente de “hacer circo” con el anuncio. Vía Twitter, el diputado de Red por Argentina dijo que Macri “sabe cómo encaminar las cosas” y entonces “decide hacer show y cambiar la Constitución Nacional por decreto”.

Desde el kirchnerismo también salieron a cuestionar el decreto firmado por el presidente Macri y que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

“El decreto es de una inconstitucionalidad flagrante, es un mamarracho”, afirmó Agustín Rossi en AM 530. Y agregó que la medida anunciada por el mandatario es “humo electoral” y que no sirve en la lucha contra la corrupción.

El presidente del bloque de Diputados K insistió en que el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, que ester martes fue publicado en el Boletín Oficial, “va a ser declarado inconstitucional temprano o tarde”. 

En la misma línea se expresó Leopoldo Moreau, quien chicaneó al Presidente y señaló que se trató de un “anuncio de campaña”.

El Gobierno publicó el decreto por el que entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, y crea “una Procuraduría”, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos” previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.

Firmado por el presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del gabinete nacional, el decreto 62/2019, en sus fundamentos, señala que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley”.

Además, justificó la aplicación del régimen por decreto al asegurar que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.

 

Fuente: www.clarín.com