El abogado argentino Pisarello, número dos del gobierno de Barcelona, señala que la salida a la crisis política catalana es la realización de un referéndum. Habla de los gestos del gobierno socialista y de la creciente xenofobia en Europa.

Hacía seis años que no visitaba la Argentina. Por primera vez recorrió el sitio de memoria ESMA, y pensó inevitablemente en su papá. Al abogado Angel Pisarello, que defendía presos políticos, lo asesinaron en 1976, cuando Gerardo tenía tan solo cinco años. Hoy con 48 años el vicealcalde de Barcelona se describe como un hijo de la generación de militantes de agrupaciones de izquierda, radicales (como su padre) y peronistas que protagonizaron el Tucumanazo, el Rosariazo, el Cordobazo enfrentando a la dictadura de Onganía. Pisarello estuvo en Buenos Aires y también en su ciudad natal con una agenda en la que realizó actividades de trabajo, pero también tuvo espacio para conectarse con su pasado. Cuenta en esta entrevista con PáginaI12 que en San Miguel de Tucumán fue con sus dos hijos a la casa de su niñez. “En el ‘75 nos pusieron dos bombas en esa casa cuando empezó a operar la Triple A. Mi padre recibió varias amenazas y poco después del estallido del golpe en el `76 lo secuestraron y apareció asesinado a los pocos días. Soy hijo de esa historia hasta que fui a parar a Barcelona”, dice haciendo un salto en la cronología de su vida. En 1995 fue a estudiar un doctorado en Derecho Constitucional a la Universidad Complutense de Madrid, donde conoció y se hizo amigo de Juan Carlos Monedero. “Era difícil imaginar que años después él terminaría siendo uno de los impulsores de Podemos y yo convirtiéndome en vicealcalde de Barcelona por Barcelona en Comú, la plataforma ciudadana (aliada de Podemos)”, afirma.

El 2001 lo encontró a Gerardo Pisarello dando clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, con la mirada puesta en la crisis argentina y también en las protestas en España contra la guerra de Irak. “En Argentina se discutían los límites de la política nacional, el asamblearismo, y simultáneamente en Barcelona estallaban las movilizaciones contra la guerra de Irak, contra las mentiras del PP (Partido Popular), había un debate sobre radicalizar la democracia, repensar la política tradicional. Me siento muy cerca del espíritu del 2001”.

Diez años después se produjo otro hito en la historia española: la irrupción del 15-M, el movimiento de los indignados, del que Pisarello también se sintió parte. Ese clima de hastío en las calles fue cimentando lo que ya en 2015 sería la primavera municipalista en España, en palabras de Pisarello. “Queríamos conectarnos con la democracia local para ensayar nuevas formas de participación política. No teníamos vínculos con partidos tradicionales, ni poderes económicos ni mediáticos, pero conseguimos llegar a gobiernos de ciudades importantes como Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz y Santiago”. Junto a la alcaldesa Ada Colau, Pisarello defiende que Barcelona sea una ciudad refugio frente a la creciente xenofobia que hay en Europa. “Durante el gobierno del PP en materia de refugiados España fue sinónimo de vergüenza”, sostiene y muestra una cautelosa expectativa con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. En relación al llamado “procés” catalán, el número dos del gobierno de Barcelona es categórico en sus convicciones: “hay que escuchar lo que la mayoría quiere y no ceder a la tentación de querer utilizar el Poder Judicial como arma para eliminar adversarios o castigar ideas”.

–Usted no venía a la Argentina desde 2012. ¿Le preocupa la realidad con la que se encontró?

–Estoy preocupado por lo que veo en Europa y también en América latina. Porque después de todos los impulsos movilizadores en los últimos años, con nuevos gobiernos, con nuevas movilizaciones sociales en muchos sitios, uno percibe un retroceso peligroso, la reedición de políticas neoliberales que habían fracasado en los noventa y que vuelven aparecer como si fueran zombies con nuevos ropajes pero sin propuestas nuevas. Y en el caso europeo lo más preocupante es que están dando lugar a alternativas de extrema derecha. La políticas neoliberales y de precarización están produciendo enfrentamientos entre pobres, que son instrumentalizados en muchos sitios, por caso en Hungría, Italia, Alemania -con la aparición de Alternativa para Alemania-, alternativas que buscan como chivos expiatorios de la crisis a los colectivos más vulnerables: los migrantes, los excluídos.

–Barcelona se declara una ciudad refugio en ese contexto hostil con los extranjeros en Europa. 

–Es importante que las ciudades se constituyan como espacio de refugio, aquí no está solo Barcelona, sino que en Estados Unidos hay una red potente de ciudades santuario haciendo frente a las políticas migratorias de Trump. Las ciudades son espacios de enorme diversidad, gente de mil orígenes, con lenguas diferentes. Ceder ante las políticas racistas y xenófobas sería liquidar el alma de nuestras ciudades.

–A poco de asumir el poder en La Moncloa, Pedro Sánchez permitió el desembarco del buque “Aquarius”, que había sido rechazado por el gobierno italiano. Pero pareciera que Sánchez está moderando la política de puertas abiertas de España: recientemente decenas de migrantes subsaharianos fueron devueltos a Marruecos…

–El del “Aquarius” fue un gesto que marcó una diferencia, si se lo compara con Italia y con la España del PP, que tuvo una política migratoria nefasta. El problema es que quede solo en un gesto. Que se den devoluciones en caliente es preocupante: el gesto vino seguido de una medida contradictoria que vulnera los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto no se trata de caridad, es un deber jurídico que tienen los estados europeos y que, además, tienen buena parte de la responsabilidad en las guerras y las situaciones de miseria que se producen en países del sur y del este. Dicen que no podemos ser ciudades refugio porque eso generará un gran efecto llamada de los migrantes del mundo, pero lo que hay que evitar es el efecto expulsión: gente que no querría abandonar su casa y se ve obligada por las circunstancias. A veces se argumenta que no hay dinero para atender a los refugiados, pero en cambio hay millones de dólares que van para políticas de control de frontera, para llenar de alambres de púa, para pagar barcos que disparan a los que vienen de la guerra en medio del Mediterráneo. Esa es una hipocresía y es inaceptable.

–Sánchez aprobó un decreto ley para sacar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. ¿Cuál es su reflexión?

–Vine a la ESMA por primera vez y fue una experiencia muy conmovedora en lo personal. Pude ver el contraste entre las políticas que se aplicaron en Argentina y la enorme impunidad del franquismo en el caso español: un país que tiene más desaparecidos en el mundo después de Camboya y en el que aun hoy los nietos de la dictadura franquista no tienen un lugar a donde ir a homenajear a sus muertos. La impunidad del franquismo, que es la impunidad de los responsables políticos y de los cómplices económicos de la dictadura es un lastre enorme que atenaza la democracia española. Y en ese sentido, uno de los reproches que se le pueden hacer al gobierno socialista de Felipe González es que no se atrevió a abrir este tema. En cambio, el gobierno de Rodriguez Zapatero sí lo hizo, aunque con límites, y planteó la memoria histórica. Parece que Sánchez también lo está intentando hacer en un contexto difícil, porque la derecha española es agresiva, tosca, no es una derecha que haya pasado por experiencias antifascistas como en Alemania o Italia, donde sus dictadores acabaron derrotados militarmente por una guerra o ajusticiados en el caso de Mussolini. La dictadura española cayó porque hubo presión en las calles pero Franco murió en la cama y los elementos de continuidad con el franquismo siguen muy vivos. Es una tarea que no es sencilla, pero si no se hace, el peligro de retroceso en derechos básicos es enorme. Nosotros tenemos una red de ciudades contra la impunidad del franquismo, hemos retirado símbolos franquistas, incluso le retiramos la medalla de la ciudad a Martín Villa, que fue gobernador civil en Barcelona, responsable de la masacre de Vitoria en el País Vasco. 

Le pedimos a Sánchez que desbloquee la falta de ayuda del gobierno español en la querella argentina contra los crímenes del franquismo que está en el juzgado de Servini de Cubría. Sánchez se juega su credibilidad. 

–La Constitución del 78 impide juzgar eses crímenes, ¿no es así?

–Lo que hay es la Ley de Amnistía, pero hay brechas que se pueden abrir. Se podría reformar la Ley de Memoria Histórica. En Barcelona estamos intentando ir contra los juristas que participaron en la ejecución de activistas importantes como Salvador Puig Antich. Se puede impulsar la apertura de fosas y recuperar patrimonio público que fue expropiado por la dictadura a familias y sindicatos. ¡

–Hace un año se celebró la consulta independentista en Cataluña (considerada ilegal por el gobierno español), fue intervenida la región por parte de Madrid, fueron detenidos los principales líderes independentistas y Carles Puigdemont se exilió. Posteriormente asumió la presidencia catalana Quim Torra. ¿Qué sucede ahora con el reclamo soberanista? 

–Es un reclamo con fundamentos políticos y la raíz del problema está en la negación de los gobiernos de Madrid a reconocer la pluralidad que tiene España. España es una suerte de país de países: el País Vasco, Galicia, Cataluña, que exigen poder decidir democráticamente cuál sería el encaje que permita una convivencia entre distintos pueblos con sus lenguas, con sus reivindicaciones y yo creo que se puede resolver de manera democrática. Por eso nosotros defendimos que hubiera un referéndum donde la ciudadanía catalana pudiera pronunciarse al respecto. Yo soy tucumano de origen y nací en un país que es federal nominalmente, pero enormemente centralista en la práctica. La reivindicación de autogobierno es importante y debe resolverse democráticamente. Es un tipo de conflicto que no debiera resolverse ni a través de jueces, ni de fiscales, ni utilizando la represión policial como ocurrió el 1 de octubre. En este momento hay personas de ideas independentistas presas, y me parece una aberración. En terminos democráticos es inaceptable y la salida de esto es que se reconozca el pluralismo y la diversidad. 

–Acá se instaló el concepto de grieta. ¿En Barcelona, esa diferencia se vive también como una grieta?

–Existe una polarización importante, no puede negarse, una tensión que a veces es alimentada deliberadamente por los sectores políticos implicados. Seguramente algunas de esas heridas van a tardar tiempo en cicatrizar. Por eso la clave es respetar los principios democráticos, escuchar lo que la mayoría quiere y no ceder a la tentación de querer utilizar el Poder Judicial como arma para eliminar adversarios o castigar ideas, es la peor solución posible. 

–¿Desde el ayuntamiento de Barcelona defienden que se realice un referéndum pero no están a favor de una República catalana?

–Somos republicanos por convicción, hemos criticado abiertamente la monarquía como institución anacrónica, y en el caso de España, vinculada a corrupción y privilegio. Somos un espacio político con una base social mayoritaria que no es independentista, y una minoría que sí lo es. Por eso respetamos ese pluralismo y defendemos la salida democrática. Yo personalmente creo que es posible otra forma de convivencia dentro de un proyecto común. Sólo se puede hacer a partir de la libre decisión, a través de un referéndum. Mientras tanto, se podrían hacer cosas para bajar la tensión, como transferir competencias y asignación de recursos. Hemos sufrido el ahogo del ayuntamiento como consecuencia de las políticas centralistas. Y sin duda, una solución sería romper el corset constitucional del ‘78. 

–¿Cuánto se vio afectada la economía catalana con el proceso catalán?

–Hubo un impacto económico innegable, fueron meses muy intensos. Los atentados del 17 de agosto, el referéndum del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia. Hubo también intervenciones deliberadas para que esa situación crítica se produjera. El gobierno del PP aprobó un decreto ley para favorecer el traslado de empresas de Barcelona a otros sitios del Estado. A pesar de ello, la situación en la ciudad es de una gran resistencia. La economía está funcionando bien. Hubo una parte de realidad y hubo exageración mediática, de culpabilizar a las dos posiciones que estaban en juego. 

–El 17 de agosto se cumplió un año del atentado en Barcelona. La presencia del rey emérito Juan Carlos generó malestar social. ¿Era inevitable su presencia en el acto de homenaje a las víctimas?

–El problema es que después del discurso infeliz que el rey Felipe dio el 3 de octubre, justificando la represión policial en Cataluña contra la ciudadanía que se expresaba en las urnas es verdad que la desafección con la monarquía creció mucho. Felipe VI asume tras la abdicación de su padre fuertemente cuestionado y hoy no ofrece ninguna solución, siendo constitucionalmente el árbitro del Estado, ni para resolver la cuestión territorial, ni para resolver lo social, y la propia casa real se ha visto implicada en casos de corrupción. La presencia de la monarquía es incómoda  y nosotros defendimos que la centralidad del acto estuviera puesta en las víctimas del atentado.  

–¿Cuánto afectó el ataque terrorista en la vida cotidiana?

–El recuerdo de aquel día es muy duro, pero es verdad que no consiguió inocular el odio que pretendían quienes lo hicieron. La ciudad sacó lo mejor de sí, se movilizó para ayudar y cooperar. Inmediamente se puso en primera línea la idea de no reaccionar con miedo ni caer en la islamofobia, ni acabar militarizando la ciudad. Es innegable que la cuestión de fondo debe ser resuelta: los jóvenes que pertenecían a la célula terrorista habían crecido en escuelas de Cataluña, estaban aparentemente bien integrados.   

Fuente: Página 12