Las personas condenadas con sentencia firme por delitos vinculados a violencia de género no podrán acceder o permanecer en el ejercicio de la función pública en nuestra provincia.

Se trata de un proyecto de ley de la diputada sanrafaelina Patricia Galván que ya tuvo media sanción en la Cámara Baja.

Según señalan los fundamentos de la normativa escrita por la justicialista, el objeto es limitar el acceso a cargos de orden público y de cualquier rango jerárquico del gobierno provincial, a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia de género “con el objetivo de visibilizar este flagelo social y contribuir a su erradicación y deslegitimación en nuestra sociedad”.

Patricia Galván

El proyecto entiende por funcionario público, toda persona “aspirante a desempeñar funciones públicas en cualquiera de los Poderes del Estado y/o en sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, exceptuados del alcance de las normas provinciales relativas al empleo público”.

También establece que la Suprema Corte de Justicia será la autoridad competente para llevar el registro correspondiente, el que deberá ser permanentemente actualizado y expedir los certificados necesarios para poder acceder al ejercicio de la función pública.

Galván, señaló al respecto que “la violencia, que afecta a casi el 70 por ciento de las mujeres en algún momento de sus vidas, se ha vuelto una pandemia y se advierte que a menos que disminuya la violencia contra las mujeres, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio será imposible de lograr”.