El objetivo principal es generar acciones conjuntas que permitan perfeccionar la seguridad y las condiciones habitacionales y laborales de las personas privadas de libertad.

El director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana se reunió en Santa Fe con el secretario de Coordinación de Gabinete del Ministerio de Seguridad y Articulación con el Poder Judicial, Pablo Cococcioni, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Martínez Saliba, para recorrer las instalaciones de la Unidad Nº 11 de Piñero.

El objetivo del encuentro fue poner en común las distintas acciones en materia de seguridad carcelaria que ambas instituciones llevan a cabo, a fin de tener un mayor control que permita evitar situaciones violentas que puedan generarse en contextos de encierro.

Es importante destacar que los servicios penitenciarios de Santa Fe y Mendoza están entre los primeros del país, en cuanto a cantidad de establecimientos carcelarios, y personas privadas de libertad.

Actualmente, la Unidad Nº 11 de Piñero es una de las que mayor seguridad posee, debido a que aloja a internos de alta peligrosidad, por lo que la visita sirvió también para recorrer las instalaciones y conocer el Centro de Monitoreo de la cárcel.

Trabajo y obras

“Mendoza ha innovado en cuanto al trabajo y la capacitación de las personas privadas de libertad, y los resultados que esto ha generado, de allí, el interés de otras provincias quienes nos han consultado la forma de implementación de este nuevo modelo, para poder replicarlo”, explicó Orellana.

Esta nueva política, apuntada al trabajo, la capacitación y el estudio, ha reducido la violencia interna, algo que el gobernador destacó en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura.

Asimismo, funcionarios santafesinos dieron a conocer el plan de obras públicas penitenciarias que están llevando adelante, y los compararon con lo que será la finalización de la cárcel federal y la construcción de Almafuerte II, para aunar criterios que mejoren el alojamiento y la seguridad de las personas privadas de libertad.