A pedido del propio Julio De Vido, los gobernadores Gildo Insfrán, Juan Manzury los ex gobernadores Gerardo Zamora (actualmente senador), José Luis Gioja y Luis Beder Herrera (hoy diputados), se pusieron al frente de un operativo para evitar la expulsión del diputado de la Cámara baja, según confirmó Infobae en distintos despachos de peronistas que se alejaron del núcleo K desde diciembre de 2015. Mañana martes a las  12 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se aprobaría un dictamen por mayoría, pero todo indica que Cambiemos y el Frente Renovador no contarán el miércoles, cuando la resolución llegue al recinto, con los dos tercios para lograr ese objetivo.

“Los peronistas no somos botones” comentó uno de los enviados para garantizar la protección de De Vido, “no podés hacerle eso a Julio” fue lo que dijo otro. Sin embargo, tanto los diputados que siguen a Juan Manuel Urtubey, como los que respaldan la candidatura de Florencio Randazzo, además de los cordobeses, los pampeanos y seguramente alguno más, como el caso del peronista bonaerense Diego Bossio, levantarán la mano por el apartamiento del otrora poderoso Ministro de Planificación Federal durante los 12 años que duró la era kirchnerista. En cambio, los diputados del Movimiento Evita, del bloque misionero y del bloque santiagueño se sumarán al bloque del Frente para la Victoria, que masivamente votará contra la expulsión.

“Si vos decís públicamente que hay que bancarlo a De Vido, podría evaluarlo, pero no podés dejarme a mí pagando ese costo y vos lavarte las manos”, fue la contestación que dio uno de los diputados que está convencido de la necesidad de encarar una renovación en el peronismo, dejando atrás la década de la corrupción K. “Vos no te sacás una foto con él y querés que yo quede pegado con un tipo que ni va a la Comisión (de Asuntos Constitucionales) a defenderse”, dijo otro.

Un tercero aportó un dato preciso. En el 2005, la por entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Cristina Kirchner, impulsó la suspensión del senador Raúl Ernesto Ochoa “sin dieta ni beneficio alguno por desordene en su conducta”, argumentando que su permanencia en la Cámara “provocará un deterioro en el Senado”. Basó los argumentos en el artículo 66 de la Constitución Nacional, el mismo que figura en el proyecto de resolución que será discutido mañana en Diputados. Ochoa había votado dos veces en las elecciones del 14 de octubre de 2001, por lo que fue procesado, y por entonces se esperaba su sentencia.

Un dirigente que era senador en esa época recordó que “Cristina no quiso pedir la expulsión porque estaba enfrentada con la gestión de Rodríguez Saá, y de esa manera dejaba a San Luis con un senador menos, pero los conceptos utilizados son prácticamente idénticos a los de ahora, pero también evaluó la expulsión definitiva”.

Como puede leerse en la versión taquigráfica de la sesión del 11 de mayo de 2005, el Senado discutió un dictamen de Asuntos Constitucionales que, basándose en el ya mencionado artículo 66, decía que “dada la trascendencia de la potestad de este Cuerpo, es necesario que ésta se ejerza con firmeza porque no sólo se encuentra en juego la credibilidad del pueblo en las institucionales, sino también la confiabilidad de la sociedad en esta Cámara en particular”.

Dijo Cristina en esa sesión: “La sociedad tiene derecho a que los legisladores, que votan leyes y que en definitiva deciden sobre vida y patrimonio de esa ciudadanía, también gocen del derecho y de la garantía de que, ante el caso de un legislador como el que nos enfrentamos, podamos actuar según lo indique la situación. ¿Por qué? Porque hacerlo de otra manera no solamente provoca un deterioro al Senado, también culmina deteriorando al conjunto de la sociedad, ya que nadie termina creyendo en nada”.

La expulsión o suspensión de un miembro del Congreso provoca siempre un innegable estrés en la corporación política, mucho más durante la campaña política. Pero la decisión del fiscal Carlos Stornelli de pedirle a Luis Rodríguezque solicite el desafuero y detención del diputado De Vido por encontrarlo responsable en el desvío de fondos que estaban destinados para la minera de Río Turbio, a lo que el juez se negó, puso este asunto en el centro de la agenda. Por sí o por no, los diputados no podrán evitar esta semana ponerse de un lado o del otro en la lucha contra la corrupción.

Fuente: Infobae