Sindicatos se oponen a la reforma laboral y de pensiones. Algunos sectores también piden la renuncia del presidente.

Barricadas y paros sectoriales en varias ciudades brasileñas marcaban esta mañana una jornada de movilización sindical contra las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Michel Temer, particularmente la reforma laboral y la modificación del sistema de pensiones y jubilaciones.

Los manifestantes bloqueaban desde temprano el acceso al aeropuerto de Congonhas de San Pablo y al aeropuerto internacional de Rio.

En el centro de San Pablo, la capital económica del país, la policía dispersó con bombas de ruido a un puñado de manifestantes que cerraban una calle.

En Rio, barricadas en diversos puntos de la ciudad provocaban decenas de kilómetros de embotellamientos.

La televisión O Globo dio parte de una protesta de petroleros en la refinería de Cubatao, de la región de San Pablo.

Las centrales gremiales habían convocado inicialmente una huelga general -la segunda después de la del 28 de abril- pero la transformaron en jornada de lucha, entre otras cosas por la negativa del vital sector de los transportes de San Pablo y de otras grandes urbes de adherir al paro.

El gobierno impulsa una serie de reformas promercado para recuperar la confianza de los inversores, como estrategia para sacar a la mayor economía latinoamericana de la peor recesión de su historia.

Después de haber aprobado la congelación del techo de gastos durante 20 años, está en sus trámites finales la flexibilización de la legislación laboral. Pero la principal medida -la reforma del régimen de jubilaciones- enfrenta serias resistencias y está ralentizada por la crisis provocada por las denuncias de corrupción que tienen al propio Temer en la mira.

Según el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, las reformas amenazan “el empleo formal, que garantiza derechos adquiridos como vacaciones y aguinaldo”.

“Los paros y manifestaciones son los instrumentos que estamos usando para presionar y tener una negociación más seria con Brasilia, que no perjudique a los trabajadores”, afirmó Carlos Gonçalves, o Juruna, secretario general de Força Sindical, que mantiene abiertos los canales de diálogo con el gobierno.

Algunos sindicatos también reclaman la renuncia del presidente brasileño, quien esta semana fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva tras la confesión realizada por uno de los dueños del grupo JBS, que le acusó de recibir sobornos desde 2010. Esa denuncia ya está en manos de Diputados.

El Gobierno considera fundamental contar con la aprobación de sus reformas para dar aliento a la maltrecha economía brasileña, que continúa estancada a pesar de la subida del 1 % en el primer trimestre del año.

En 2015 el PBI se contrajo un 3,8 %, la mayor caída en 25 años, y en 2016 se retrajo un 3,6 %, acumulando dos años en terreno negativo por primera vez desde la década 1930.

 

Fuente: www.clarin.com/mundo

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