Es para el reintegro de bienes al Estado. Hay posturas divididas sobre el proyecto, que se trata este martes en un plenario de comisiones. Le harían cambios y volvería a Diputados. 

Una mezcla de presión social y política obligó al bloque de senadores peronistas, que maneja Miguel Pichetto, a facilitar la llave que tiene en su poder para reabrir el debate sobre una ley clave para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas. Se trata del proyecto de extinción de dominio, que permitiría dar un tratamiento especial al decomiso de bienes de origen ilícito, y que vuelve a rodar este martes en un plenario de comisiones.

Oficialistas y opositores llegan al debate con posturas disímiles, aunque confluyen en un punto: cualquiera sea el dictamen que se imponga a la hora de la votación en el recinto, el proyecto que envió Diputados será modificado sustancialmente y deberá volver a la cámara de origen para su sanción definitiva. El Senado ya le había dado dictamen con retoques en 2016, pero no lo votó y perdió estado parlamentario.

El peronismo dialoguista tiene a primera vista mayores posibilidades de imponer su dictamen. Estará inspirado en el texto que presentó el salteño Rodolfo Urtubey, con el acompañamiento del tucumano José Alperovich y del propio Pichetto, entre otros. Apunta a revertir el planteo de la mayoría en Diputados, que dispuso dejar en el proceso de extinción de dominio en manos de la Justicia civil y habilitar a los fiscales a pedir el decomiso de bienes antes de que exista una condena. La propuesta apunta a que la investigación se desarrolle mediante una acción civil dentro del proceso penal y que se requiera una sentencia de culpabilidad para proceder al decomiso.

En cambio, el oficialismo empujará el proyecto del presidente provisional del Senado. Federico Pinedo, que también firmó el jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, por el que se abre una investigación autónoma en el fuero civil a pedido del Ministerio Público Fiscal. Además, promueve que se invierta la carga de la prueba, de modo que si el acusado no puede justificar el origen de sus bienes, el juez podría pasárselos al Estado para que defina el modo de utilizarlo.

En síntesis, ​el oficialismo quiere una acción rápida del fuero civil. El PJ propone esperar una sentencia del juez penal.

“El procurador del Tesoro de la Nación será legitimado para iniciar esta acción, que tendrá un debido proceso que implica probar y requerir al imputado la prueba sobre el origen lícito de los bienes, sin invertir la carga de la prueba”, explicó Urtubey al presentar su proyecto.

En el texto sostiene que “si con posterioridad a la sentencia dictada en la acción de extinción de dominio, la sentencia firme dictada en el proceso principal declarase la inexistencia de los hechos materiales a los que fueron vinculados los bienes… el perjudicado por la extinción de dominio tendrá derecha a reclamar la indemnización que corresponda en sede civil”.

Consultado por Clarín, Pinedo afirmó que “queremos un proyecto sobre extinción de dominio que reúna dos requisitos: respetar las garantías constitucionales y ser sumamente efectiva quitando los bienes mal habidos a narcos, tratantes, terroristas y corruptos”. El senador macrista se reunió este lunes con funcionarios del Ejecutivo y diputados de Cambiemos -que deberían revisar el proyecto nuevamente- para definir su estrategia.

Las gestiones para unificar los proyectos fracasaron y cada bloque va con su manual bajo el brazo al plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales (que encabeza el peronista entrerriano Pedro Guastavino) y de Seguridad Interior y Narcotráfico (a cargo de la otra peronista por Entre Ríos, Sigrid Kunath).

Todos quieren apurar el dictamen, porque el tema les quema en las manos.

 

Fuente: Clarín