Una sola víctima fatal por la violencia en el fútbol es una tragedia. Si el número trepa a 13, estamos hablando de un problema gravísimo. Y ése fue el saldo, aunque parezca lejos en el tiempo, de dicho flagelo durante los cuatro años que Mauricio Macri gobernó el país. Claro que todo número hay que ponerlo en contexto: comparado con el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las víctimas bajaron más de la mitad, ya que entre 2011 y 2015 la cifra había ascendido al terrorífico número de 34. Con algunas políticas activas interesantes, con fracasos rotundos como la organización de la final de la Copa Libertadores 2018 en el Monumental y con diferentes criterios en las distintas jurisdicciones, la lucha contra los barrabravas argentinos tuvo luces y sombras, pero desde una decisión política de combatirlos, que se reflejó en el programa Tribuna Segura del gobierno nacional y en la convicción de sus responsables en la Provincia de Buenos Aires para ir contra los barras y sus negocios.

Vale hacer un pequeño revisionismo para ver cuál fue el punto de partida y cuál el de llegada en materia de seguridad deportiva. Desde 2013 y tras el asesinato del hincha de Lanús, Javier Geréz, en el estadio Unico de La Plata, el Gobierno optó por la prohibición total del público visitante que desde 2007 ya regía para las categorías del Ascenso, medida que se había tomado tras otro crimen, el del hincha de Tigre, Daniel Cejas, en el partido por la Promoción entre su equipo y Nueva Chicago. La medida sólo permitió que no haya cruces de diferentes parcialidades en las canchas y en las rutas sin tomar en cuenta que el problema mayor ya se había trasladado al interior de cada barra, que se dividía en facciones delictivas que peleaban por la parte del león de un apreciable botín. Por eso la violencia en el fútbol estuvo lejos de amainar y siguió sumando cadáveres como si nada hubiese ocurrido.

La llegada de Macri al poder estaba teñida de sospechas sobre este accionar: en su paso por Boca y tal como se narra en el libro La Doce, la barra del equipo Xeneize había tenido un crecimiento exponencial en sus negocios y su poder de fuego. Pero desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se puso en práctica dos decisiones clave: por un lado, hacer uso estatal del derecho de admisión a los espectáculos deportivos, sacándole a la dirigencia la potestad de decir quién entraba y quién no a los estadios. Esa medida se aplicó en todos estos años a 3590 personas. Cierto, muchas de ellas a hinchas que habían cometido contravenciones menores y que deberían ser revisables en su extensión, bajando por ejemplo la prohibición de un año a un tiempo sensiblemente menor para faltas nimias. Pero en otros casos, se les aplicó a los jefes de las barras, empezando por Rafael Di Zeo, de Boca, y Guillermo Godoy, de River. El programa Tribuna Segura además se perfeccionó con el paso del tiempo y adoptó la huella digital como método de reconocimiento. Y como si fuera una escena de la película “El secreto de tus ojos”, cientos de delincuentes prófugos cayeron al momento de ceder al impulso de la pasión e ir a los estadios: el recuento hasta este fin de semana da 810 capturados en 1740 operativos realizados en 20 provincias (jamás se aplicó el sistema en Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz), entre ellos el caso de un condenado por doble homicidio y el de dos prófugos por abuso sexual, entre los casos más resonantes.

La otra decisión se tomó en la jurisdicción con mayor cantidad de espectáculos deportivos de la Argentina: la Provincia de Buenos Aires. Allí se pasó de una actitud pasiva a una de seguimiento constante hacia los barrabravas y sus negocios. Se desmantelaron por ejemplo los puestos de comida y bebida que manejaban las barras de Gimnasia y Lanús, se labraron actas contra jefes de barra que se creían impunes ante todo, como Andrés Pillín Bracamonte, de Rosario Central, y se encarceló después de llevar a la Justicia a cientos de violentos encabezados por sus propios jefes. Quizá el caso más resonante fue el de Pablo Bebote Alvarez, líder de la barra de Independiente, a quien la justicia investiga por asociación ilícita en un proceso que tiene imputado al mismísimo vicepresidente del club, Pablo Moyano. Pero los casos se cuentan por centenas, incluyendo el descabezamiento completo de barras enquistadas en clubes del Ascenso como las Temperley, Chacarita, Arsenal, Aldosivi, Talleres de Remedios de Escalada, Almirante Brown, Tigre, Laferrere, cuyo historial de sangre se detuvo ante la prisión efectiva de varios de sus integrantes. Y en prohibición de concurrencia se anotan los jefes de las barras de Gimnasia, Banfield, Lanús, Estudiantes y Racing entre otras. Cierto, en el paravalancha también se verifica el dicho “muerto el rey, viva el rey”, pero la política activa de represión a los barras llevada adelante por la Aprevide hizo que bajaran sensiblemente los hechos de violencia en el distrito. Otro mérito importante fue el cambio de cómo cobraban los servicios adicionales de Policía: hasta 2016 inclusive, se pagaba por planilla sin control alguno, lo que permitía defraudaciones importantes poniendo una determinada cantidad de efectivos adicionales para los partidos y mandando muchos menos, lo que alimentaba la recaudación ilegal de ciertos actores de la Bonaerense. Al hacerse después por control digital, policía que no concurre no cobra: como resultado los clubes de la jurisdicción recibieron 27.397.553 pesos en concepto de devolución por servicios no prestados.

También en la Provincia se intentó progresivamente el regreso del público visitante, llegando a tener hasta cinco partidos por fecha con ambas parcialidades entre Primera y el Ascenso aunque fue una medida que lamentablemente no llegó a generalizarse.

La situación, claro está, dista de ser un oasis pero objetivamente se produjo una mejora aunque con puntos a revisar: en algunos encuentros cuando algún grupo intentaba ingresar sin tickets, la Policía volvía a sus viejas mañas de reprimir sin distinciones, lo que por ejemplo se verificó en la última visita de River a la cancha de Lanús por este torneo o la de San Lorenzo al estadio de Arsenal. También en Córdoba hubo avances en la lucha contra el flagelo: se pasó del último superclásico de las Américas entre Argentina y Brasil con la Policía haciendo un cordón para guardarle el espacio central de la tribuna a la barra, a tener un espectáculo donde hasta se pudo jugar un clásico con ambas parcialidades sin incidentes.

Por su parte Rosario, ciudad teñida por la relación narco-barra en sus tribunas, vivió momentos de suma tensión por la interna de los violentos de Newell’s, que recién se apaciguó en el último año. Pero allí más que la decisión de pelear contra el flagelo pareció haber una de no agitar las aguas. Igual que en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Doce, Los Borrachos del Tablón, La Butteler de San Lorenzo y las del resto de sus equipos se movieron a sus anchas por los clubes, más allá de que sus líderes tuvieran prohibición de concurrencia. El pacto de no agresión a cambio de mantener sus privilegios es un arma de doble filo que veremos hasta donde se sostiene. Tucumán fue otro distrito donde los barras se gobernaron cada centímetro de los estadios de Atlético Tucumán y San Martín, mientras que en Mendoza y Santiago del Estero hubo políticas contradictorias, con avances y retrocesos.

Dentro de las grandes derrotas en esta lucha en estos cuatro años, quizá la más evidente fue el ataque al micro de Boca en la final de la Copa 2018, que le costó el puesto al ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. Pero el hecho más conmocionante por cómo desnudó a la comunidad futbolera fue el crimen del hincha de Belgrano de Córdoba, Emanuel Balbo, asesinado en el mismísimo estadio Kempes cuando un rival de su barrio lo sindicó como hincha de Talleres en pleno clásico lo que provocó que lo golpearan hasta que se cayera en su huída, sin que nadie se interponga ante semejante barbarie. Y fue un crimen donde no participó ningún barrabrava.

Se abre desde este 10 de diciembre otro capítulo en seguridad deportiva. Como en tantas otras cosas, se espera que el nuevo gobierno no repita viejos errores del pasado, como fue por ejemplo la conformación de la ONG barra, Hinchadas Unidas Argentinas, cuyo objetivo fue ganar la calle para los mandamás de turno a cambio de estadías all inclusive en el Mundial 2010. Ojalá se mantengan aquellas cosas buenas ya nombradas y se corrijan las prácticas que siguen enquistadas en los clubes donde los barras continúan mandando, haciéndole entender al dirigente de turno que el Estado está de su lado y que quien se apoye en los violentos puede terminar preso. River hasta la frustrada final del 2018 y Boca en todo su esplendor son sinónimo de esta connivencia, al igual que el resto de los equipos grandes, por nombrar a los más movilizantes. Quizá las nuevas autoridades tomen el modelo instaurado en Medellín, Colombia, con institucionalización de las barras con derechos y obligaciones, o sigan el camino actual de la Provincia de Buenos Aires, que llevó a Tribunales a buena parte de los violentos de su territorio. Lo que está claro es que no puede haber retrocesos en un área tan sensible que sigue avergonzando al fútbol con la anomalía no resuelta de que a la cancha sólo concurra el público local.

Fuente: www.infobae.com