¿Hay desaparecidos en Nicaragua? Si. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe con exactitud. El abogado Pablo Cuevas, asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) dice que es incierta la información sobre los desaparecidos como resultado de la represión del régimen de Daniel Ortega a la rebelión ciudadana. «Pero sí hay desparecidos», reafirma.

El mismo Cuevas atiende cinco casos de nicaragüenses desaparecidos. Otros funcionarios de su oficina llevan otros más. No pueden revelar nombres por prudencia y porque los familiares tienen miedo a las represalias.

Dice que no hay una lista única porque la información «es fluctuante» y existen varias modalidades de desaparecidos. «Hay desaparecidos que están en esa condición por horas, otros por meses y habrá otros que estarán por años y no aparecen«, dice. Los cinco casos que atiende pertenecen a esta última categoría.

Xavier Mojica Centeno, 22 años, desapareció el 11 de junio de 2018 cuando paramilitares se lo llevaron de una parada de bus cercana a su colegio. Ni siquiera participaba en las protestas. Sus padres lo han buscado en hospitales, cárceles y morgues cada día de este año. Han regado cartelones por redes sociales y todo Managua dando sus referencias. Dejaron sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a la búsqueda de su hijo. Lorena Centeno tiene la seguridad que lo hallará vivo. «Sé que está vivo», afirma.
El abogado Pablo Cuevas dice que para ponerle la etiqueta de desaparecido a alguien, la CPDH sigue este procedimiento: primero se busca a la persona desparecida en las estaciones policiales cercanas a su vivienda o al lugar donde fue secuestrado, si existe este dato. Luego se va a El Chipote, la cárcel de referencia para los presos políticos. Si no es encontrado ahí, el siguiente paso es buscarlo en unidades médicas cercanas al lugar donde fue secuestrado o en hospitales de referencia. El último paso es ir al Instituto de Medicina Legal, donde se emite una certificación que no se encuentra ahí el cuerpo de la persona buscada.

Las alternativas de que aparezcan son varias. Unos aparecen vivos, golpeados y tirados en alguna vía pública. Las familias generalmente no reportan la aparición porque los secuestradores hacen advertencias de muerte para soltarlos. Muchos se van al exilio después de ser liberados. Otros pueden aparecer en las cárceles, lo cual dice mucho del control y la legalidad de la situación de los prisioneros, y algunos, en el peor de los casos, aparecen muertos.

Javier Alexander Munguía Mendoza, de 19 años de edad, fue encontrado muerto en Medicina Legal el 18 de mayo de 2018, diez días después de su desaparición.Margarita Mendoza, su madre, había buscado en la cárcel El Chipote, donde lo negaron a pesar que otros compañeros aseguraron haberlo visto golpeado. También acudió al Instituto de Medicina Legal donde negaron tenerlo. Su aparición se produjo mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba Nicaragua y dos días después que el presidente Daniel Ortega asegurara que «en Nicaragua no hay un solo desaparecido».

Los funcionarios de Medicina Legal no supieron explicar por qué en su informe decían que el joven murió «de infarto» a pesar de las evidencias de golpes y estrangulamiento y por qué negaron inicialmente el cuerpo a su madre.

El único desaparecido oficialmente reconocido por el gobierno fue al sandinista Bismarck Martínez, 55 años, a quien su familia vio por última vez el 29 de junio del año pasado. El régimen acusó de su desaparición a personas opositoras que realizaban tranques en la ciudad de Jinotepe. Finalmente su osamenta fue hallada en una fosa clandestina.

«El tema de los desaparecidos es el que menos pudimos documentar, por la extrema gravedad de la represión, y me temo que podríamos ser sorprendidos con su dimensión«, asegura Gonzalo Carrión, antiguo funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y ahora en el exilio, donde trabaja desde el organismo «Nicaragua Nunca +».
Carrión cree que las verdaderas cifras de desaparecidos «se podrán conocer hasta la caída de la dictadura» de Daniel Ortega.

El abogado Pablo Cuevas dice que las familias de los desaparecidos sufren un doble drama, porque además de no saber de su familiar, enfrentan el asedio y la intimidación del régimen para que no denuncien o busquen.

«Muchas familias se resignan por miedo. Hay una campaña de terror en la que participan CPC (Comité del Poder Ciudadano), jefes de sectores, desmovilizados de Ejército y paramilitares», dice.

«Cuando la gente sospecha que la Policía participó en la desaparición de su familiar, no acude a poner la denuncia a las estaciones de Policía por temor a que los fichen o ahí mismo los dejen presos, como ya ha pasado en algunos casos», señala.

Lorena Centeno, madre del desparecido Xavier Mojica, dice que su familia sufrió asedio de la Policía y en varias ocasiones tuvieron que cambiar de vivienda. «Ha sido difícil» reconoce. «Ahora se han calmado porque ya no hacemos publicaciones, hemos dejado de hacer las cosas que los enojan».

Fuente: www.infobae.com