“Se trata de una posición histórica del radicalismo y es hora de que la llevemos adelante. Será parte de nuestro aporte en un momento en el que todos los sectores están haciendo un esfuerzo”. Con ese espíritu, la cúpula del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical definió en las últimas horas, después de varias reuniones reservadas con sus principales espadas legislativas, impulsar un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. 

En el entorno del gobernador de Mendoza y presidente del partido, Alfredo Cornejo, aseguraban que estaban trabajando contrarreloj para que la presentación pudiera hacerse esta misma semana. La idea es que logre colarse en la discusión del Presupuesto, aunque para el caso de que la iniciativa pueda convertirse en una traba más para la sanción de esa ley los radicales aceptarían impulsarla como «proyecto autónomo».

El borrador del texto, de un solo artículo, ya había llegado anoche a oídos de los principales actores de Cambiemos en el Congreso y uno de ellos no tardó en poner en aviso a la cima de la Casa Rosada. En Balcarce 50 no hay una posición común sobre el tema. Hay quienes dicen que ese privilegio que alcanza a uno de los poderes del Estado «no puede sostenerse más en esta nueva Argentina«, pero existen otros -más cautelosos- que proponen no generar nuevos roces con la Justicia. Lo cierto es que hay una visión unánime de que ni bien la UCR difunda su propuesta «el clima social estará de ese lado y la presión contra los jueces será muy fuerte»

El proyecto plantea modificar la ley 26.628. El texto habla de cambiar el inciso A del artículo 79. El texto de ese nuevo inciso, al que tuvo acceso Clarín, dice lo siguiente: «Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos».

El diputado nacional por Mendoza Luis Borsani, uno de los más activos en la confección del proyecto, sostuvo que la primera plana del Comité Nacional -que componen, además de Cornejo, Gerardo Morales, Federico Storani, Ricardo Colombi y José Cano- quiere que «se haga un esfuerzo conjunto» para enfrentar la crisis económica. «Esto le va a hacer muy bien al Poder Judicial, es algo positivo. Lo pone en un pie de igualdad con el resto de la sociedad. Y a la vez es una oportunidad para que nos acompañen todos los partidos políticos», puntualizó el legislador.

Los referentes radicales le transmitieron la decisión a Nicolás Massot, el jefe del bloque macristas en Diputados, ayer a la tarde. El diputado les habría pedido a sus socios de Cambiemos que la iniciativa se formulara por fuera de la discusión del Presupuesto. Massot fue, junto a Pablo Tonelli, quien en 2016 presentó la propuesta para que los nuevos jueces no sean eximidos del pago del impuesto, ley que está vigente desde el 1 de enero de 2017. Ahora, los radiales creen que «llegó el momento de que no haya privilegios para nadie: ni para los nuevos ni para los viejos jueces».

El ministerio de Economía había preparado semanas atrás un informe en el que alertó que la exención de Ganancias a los ingresos de los jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacionales y provinciales le impediría al Estado recaudar este año $7.337 millones. En 2019, añadió, esa suma ascenderá a $9.854 millones, lo que equivale al 0,05 del PBI. Para tener una idea de cuánto representa esa cifra hay que pensar en que el Presupuesto prevé una inversión en Educación (Gastos de Capital) de 10.166 millones de pesos.

En el Gobierno entienden que, en una etapa de ajuste como la que se está viviendo, todos los sectores deben comprometerse con las arcas del Estado para llegar a la meta de déficit cero del año próximo, como se comprometieron los funcionarios que lideraron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le aseguró el mes pasado a la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero queno estaba prevista ninguna modificación en el régimen impositivo del sector. Fue una respuesta a un pedido de explicaciones concreto.

La última acordada de la Corte Suprema rechazando el pago de Ganancias es de 1996. Una nueva ley obligaría a sus integrantes a una acordada, que implica que sus cinco ministros se manifiesten con su voto. Hasta ahora, solo Horacio Rosatti declaró públicamente a favor de que los magistrados paguen el impuesto.

 

Fuente: www.clarín.com