Mediante un escrito, el Dr. Ariel Hernández, titular del Tribunal Penal Colegiado Nº1, respondió a las acusaciones del abogado Tíndaro Fernández, representante de la familia de Genaro Fortunato, en relación a la recusación que terminó en su alejamiento.

El magistrado había sido designado para integrar el tribunal que iba a juzgar a Julieta Silva el próximo 14 de agosto. Sin embargo, ante la queja de los padres de la víctima y el profesional que los asiste, eligió correrse a un costado para que el debate sea limpio y “no exista ningún tipo de dudas”.

De todas maneras, más allá de garantizar la transparencia, Hernández no se quedó estático y defendió su “honorabilidad”, tal como se encargó de remarcar.

Sucede que, entre los argumentos para sacarlo del medio, se dijo que Alejandro Cazabán, abogado de Silva, era su “padrino político”, ya que se tomó como referencia su nombramiento como juez en tiempos donde el “chiqui” era el hombre fuerte del gobierno de Celso Jaque.

Ante semejante acusación, el Dr. Ariel Hernández señaló: “Decir que Alejandro Cazabán sea una suerte de padrino político es impertinente y ofensivo. Expresarse en esos términos va mucho más allá de la pretensión de una recusación y dista mucho de lo que técnica y procesalmente corresponde”.

“Para acceder al cargo que actualmente ostento, rendí y aprobé exámenes escritos y orales, como así también la evaluación del Consejo de la Magistratura”, anexó el magistrado.

Expresó inmediatamente que antes de ser juez, fue fiscal correccional, cargo al que llegó en el 2010, durante la gobernación de Roberto Iglesias (UCR). Tomando como referencia ese dato es que se desvincula de “padrinazgos políticos”, considerando que el ex gobernador está en la vereda de enfrente de Cazabán.

“Me resulta desaprensivo que se trate a mi persona -y mi carrera como magistrado- como pendiente de los aconteceres de ex funcionarios políticos de los gobiernos de turno, cuando me ocupé de llevar adelante mi función con probidad, celo, compromiso y responsabilidad”, concluyó.